¿Qué consecuencias tendrían las propuestas de VOX para frenar en seco las renovables?

El grupo parlamentario Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una moción que busca poner un freno drástico a la expansión de las plantas de energía renovable en España y, de forma contundente, exige la destitución inmediata de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La formación argumenta que una expansión “desordenada” compromete la estabilidad del sistema y responsabiliza a la cúpula de Red Eléctrica por el apagón del que ya se conocen más detalles.

La justificación central de Vox para esta ofensiva se basa en el apagón del pasado 28 de abril. Sostienen que las principales compañías energéticas han señalado la responsabilidad directa del operador del sistema, Red Eléctrica, y cifran en más de 3.000 millones de euros el coste de las actuaciones necesarias para evitar su repetición. De hecho, para evitar un nuevo incidente, los españoles pagan 2 millones de euros extra al día. “El Ejecutivo continúa sin asumir responsabilidades ni ofrecer explicaciones sobre el impacto económico y social de este nuevo golpe al sistema energético”, argumenta la formación para justificar la petición de cese de Beatriz Corredor.

Fuga de inversiones y destrucción de empleo

Más allá del debate técnico, la consecuencia más inmediata de frenar las renovables sería un terremoto económico. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla una inversión de casi 300.000 millones de euros hasta 2030, donde las renovables son el principal pilar. Detener los proyectos en seco y eliminar los trámites simplificados de evaluación ambiental supondría un mensaje devastador para los inversores internacionales, que ya han canalizado miles de millones en el desarrollo de plantas solares y eólicas en España.

Esta incertidumbre regulatoria no solo paralizaría futuras inversiones, sino que pondría en riesgo miles de empleos directos e indirectos generados por un sector en plena expansión, clave para la reindustrialización y la recuperación económica de muchas zonas rurales.

El problema es la red eléctrica

Vox argumenta que la expansión renovable es “desordenada” y compromete la estabilidad. Sin embargo, el verdadero problema no es el exceso de generación renovable, sino una infraestructura de red que no ha evolucionado al mismo ritmo. La saturación de la red en ciertas horas de máxima producción solar provoca que se desperdicie energía y que el precio llegue a ser cero o negativo, un fenómeno que desincentiva al propio productor.

La solución técnica aceptada a nivel europeo no es detener la generación limpia, sino invertir decididamente en la modernización de las redes eléctricas y en sistemas de almacenamiento (como baterías o bombeo hidráulico) para gestionar esa energía intermitente y aprovecharla cuando no hay sol o viento. La propuesta de Vox, por tanto, ataca el síntoma en lugar de la causa del problema.

El precio de la luz

Uno de los mayores beneficios de la penetración renovable ha sido la caída de los precios en el mercado mayorista de la electricidad. En el primer trimestre del año, el precio medio del megavatio-hora en España fue casi la mitad que la media europea, precisamente porque la energía solar se ha coronado como reina gracias a su alta producción.

Detener la implantación de nuevas plantas y derogar, como pide Vox, las políticas del Pacto Verde Europeo, implicaría un retorno a la dependencia del gas y otros combustibles fósiles, mucho más caros e inestables, lo que se traduciría casi con toda seguridad en una subida de la factura para hogares e industria.

Un modelo alternativo

La moción es parte de una enmienda total al modelo actual. Junto a la paralización renovable, Vox exige:

• Derogar la ley de cambio climático de 2021.
• Detener el cierre programado de las centrales nucleares, extendiendo su vida útil, una línea similar a la que siguen las eléctricas que piden salvar la central nuclear de Almaraz.
• Reforzar las interconexiones energéticas con los países vecinos.

Este debate, por tanto, va más allá de un incidente aislado y plantea una disyuntiva fundamental: seguir la hoja de ruta de la transición energética europea o apostar por un modelo basado en la energía nuclear y la ralentización de los objetivos climáticos. La decisión que tome el Congreso esta semana tendrá consecuencias duraderas para el futuro económico y medioambiental de España.