Los españoles pagan 2 millones de euros extra al día para evitar un nuevo apagón

Desde el incidente que puso en jaque al sistema eléctrico el pasado 28 de abril, los consumidores han asumido un sobrecoste de 371 millones de euros. Este gasto se debe a un protocolo de seguridad reforzado que obliga a mantener activas centrales de gas para garantizar la estabilidad de la red.

Cada día, los consumidores españoles pagan de forma indirecta más de dos millones de euros extra en sus facturas de la luz. Este importe no responde a un mayor consumo ni a una subida del precio de la electricidad, sino al coste de mantener un escudo de seguridad para prevenir un nuevo apagón masivo como el que estuvo a punto de ocurrir el 28 de abril. La presidenta de Redeia (empresa matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha cifrado este sobrecoste en 371 millones de euros hasta la fecha, una cantidad destinada a mantener el sistema en un “modo reforzado”.

Tras el grave incidente de abril, que afectó a toda la Península Ibérica, Red Eléctrica activó un protocolo de operación especial para dotar de mayor estabilidad a la red. Este “modo reforzado” consiste en tener siempre activas y disponibles varias centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas. Aunque no siempre estén generando electricidad a pleno rendimiento, su presencia es crucial para el control dinámico de la tensión, una tarea fundamental para evitar desequilibrios en la red.

Por estar en alerta, las empresas propietarias de estas centrales, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, reciben pagos millonarios que finalmente se trasladan a los usuarios a través de recargos en la factura. Se trata de una medida preventiva mientras el sistema opera bajo una alerta constante para prevenir nuevos incidentes y fallos de tensión.

A LA FACTURA DE TODOS. Los 371 millones de euros que ha costado hasta ahora esta “póliza de seguro” contra apagones no se quedan en el limbo. Este es un coste que finalmente repercute en la factura de todos los consumidores, incluidos aquellos con contratos en el mercado libre y, de forma más directa, en los clientes acogidos a la tarifa regulada, que ha aumentado un 20% en 2025.

Organizaciones de consumidores ya han denunciado que este sobrecoste se ha traducido en un aumento medio de más de 14 euros por hogar desde el incidente. El encarecimiento de estos servicios de ajuste ha provocado que, paradójicamente, la factura suba incluso en momentos en que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha llegado a mínimos históricos.

FALLO EN CADENA. La necesidad de este costoso mecanismo de seguridad se entiende al analizar lo ocurrido el 28 de abril. Informes posteriores, tanto nacionales como del panel de expertos europeo Entso-e, concluyeron que el incidente tuvo un origen multifactorial, destacando un problema de sobretensión.

Según Beatriz Corredor, los informes oficiales han arrojado luz sobre qué ocurrió aquel día, señalando un “inadecuado comportamiento en el control de tensión” por parte de algunos generadores en España, especialmente en las zonas suroeste y centro. Este comportamiento contrastó con el de las centrales portuguesas, que sí se ajustaron a los límites legales, demostrando un correcto funcionamiento.

La situación actual, aunque necesaria para garantizar la seguridad, es coyuntural. La solución a largo plazo ya está diseñada y tiene nombre: Procedimiento de Operación 7.4 (P.O. 7.4). Esta nueva normativa, aprobada en junio y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026, permitirá que las energías renovables, como la fotovoltaica y la eólica, participen también en el control dinámico de la tensión.

Esto es algo que el sector llevaba años reclamando y que modernizará la gestión de la red. Desde Redeia se trabaja para “implementar lo más rápido posible” esta medida, valorando que las plantas renovables que ya estén técnicamente habilitadas puedan empezar a ofrecer este servicio antes de la fecha oficial. Una vez que las renovables contribuyan a esta tarea, se espera que la dependencia de los costosos ciclos combinados disminuya, aliviando así la presión sobre la factura final del consumidor.