
Las comercializadoras de energía se oponen a prohibir las llamadas comerciales
- El nuevo reglamento del Gobierno busca vetar la publicidad y contratación no solicitada por teléfono
- Defienden el canal telefónico como herramienta útil y legítima
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha mostrado su rechazo a la prohibición total de las llamadas comerciales en el sector eléctrico, una medida incluida en el borrador del nuevo Reglamento General de Suministro y Contratación de Energía Eléctrica. En su lugar, propone una regulación “adecuada y proporcionada” que elimine las malas prácticas sin suprimir un canal de comunicación que consideran esencial para el consumidor.
La polémica surge tras la publicación del proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que establece que “el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”. En la práctica, esta medida supondría el fin de las llamadas comerciales dentro del sector energético.
Desde ACIE, la principal asociación que agrupa a los comercializadores independientes, defienden la necesidad de erradicar las prácticas desleales, pero mediante un enfoque más equilibrado que refuerce la transparencia sin eliminar completamente el canal telefónico. Consideran que la prohibición total supondría un paso atrás en la libertad de elección de los consumidores.
UNA HERRAMIENTA PARA EL CONSUMIDOR. Julio César Nieto, presidente de ACIE, ha recordado que las llamadas telefónicas siguen siendo “una herramienta válida y eficaz para que el consumidor pueda conocer y comparar distintas ofertas y servicios energéticos”. Según explica, “al igual que otros canales, tiene ventajas e inconvenientes, pero su eliminación supondría limitar la libertad del usuario para informarse y decidir”.
La asociación subraya que la actual Ley General de Telecomunicaciones ya contempla mecanismos para evitar las llamadas no deseadas, ofreciendo así una protección suficiente sin necesidad de recurrir a medidas tan restrictivas. Además, recuerdan que la regulación de numeración específica para comunicaciones comerciales ha mejorado el control sobre estas prácticas.
DIALOGO Y ADAPTACIÓN. ACIE confía en que, durante los últimos trámites legislativos del Real Decreto, se escuchen las propuestas del sector con el fin de lograr una regulación más equilibrada. Consideran “esencial” mantener la posibilidad de contratar por teléfono con pymes y particulares, siempre que exista un interés legítimo y se respeten los principios marcados por la autoridad de protección de datos y la CNMC en junio de 2023.
El objetivo, insisten, debe ser ofrecer al consumidor el mayor número posible de canales de comunicación, garantizando su protección pero sin generar efectos negativos por restricciones excesivas. “La clave está en regular bien, no en prohibir”, resumen desde la asociación.
La postura de los comercializadores independientes contrasta con la del Gobierno, que mantiene su intención de avanzar en la prohibición de estas prácticas. La medida se integrará en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030 y cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras el aumento de reclamaciones por llamadas engañosas en los últimos años.
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