La partida de póker eléctrica: miles de millones de euros y el futuro de España en juego

La tensión en el sector eléctrico de España ha alcanzado un punto crítico. Sobre la mesa hay dos narrativas opuestas que definen una negociación a varias bandas. Por un lado, la patronal eléctrica Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica), con Iberdrola y Endesa a la cabeza, presenta un diagnóstico dramático: la red eléctrica nacional sufre una saturación superior al 83%.

Esta situación, descrita como un verdadero colapso, ya tiene consecuencias tangibles, pues según el sector, se están denegando dos de cada tres solicitudes de conexión para nuevos proyectos industriales. Es un problema que tiene un impacto directo en el bolsillo del consumidor, y es crucial entender cómo te afecta que la red eléctrica esté saturada y por qué es una alerta para todos.

Frente a este escenario alarmista, el Ministerio para la Transición Ecológica acusa a las compañías de “inflar los datos” como táctica de presión. El Gobierno defiende su gestión asegurando que la situación no es tan delicada y que se ha puesto en marcha un ambicioso plan inversor. De hecho, el Ejecutivo ya ha detallado cómo invertirá España más de 13.000 millones de euros hasta 2030 para modernizar unas infraestructuras que se han vuelto vitales para la reindustrialización del país.

España afronta un futuro incierto por la saturación del 83% de su red eléctrica, que limita la conexión de nuevos proyectos industriales. Fuente: Freepik

INVERSIÓN COMO ARMA. El corazón del conflicto reside en una cifra: la tasa de retribución financiera. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el árbitro en esta disputa, ha propuesto una rentabilidad del 6,46% para las inversiones en redes. Para las eléctricas, esta cifra es del todo insuficiente para atraer el capital necesario y exigen un mínimo del 7,5%. La diferencia, que puede parecer menor, se traduce en un “hachazo” de 2.000 millones de euros para las compañías en los próximos cinco años.

Ante esta propuesta, la respuesta de las eléctricas ha sido contundente. Más que una advertencia, es un hecho reflejado en sus hojas de ruta. Los planes estratégicos de Iberdrola muestran un claro giro hacia mercados regulatorios más estables y rentables como Estados Unidos y Reino Unido. Esta estrategia supone que Iberdrola ya relega a España a un segundo plano en su mapa de inversión global. Endesa, por su parte, ha supeditado un plan de 4.000 millones a una mejora del marco retributivo. En total, más de 5.000 millones de euros en inversiones están condicionados.

Los centros de datos, pieza clave para la digitalización, se ven afectados por la falta de capacidad en la red, lo que frena la atracción de inversión tecnológica. Fuente: Freepik

OPORTUNIDADES PERDIDAS. Esta parálisis amenaza con dejar en el limbo miles de millones en proyectos, en un momento en el que España se juega 53.000 millones en redes eléctricas para no perder el tren de la reindustrialización verde. Sin una red capaz de absorber la nueva demanda de centros de datos, plantas de hidrógeno o gigafactorías, el país se arriesga a perder una oportunidad histórica de competitividad.

Curiosamente, este problema no afecta a todo el territorio por igual, abriendo una ventana de oportunidad para ciertas regiones. Ya se perfilan las cuatro comunidades que se salvan del colapso eléctrico y que podrían convertirse en imanes para la inversión que otras no pueden acoger.

Con la decisión final de la CNMC pendiente antes de que acabe el año, el desenlace de este pulso de alto voltaje se perfila en torno a tres escenarios. El primero pasa por una victoria de las eléctricas, donde el regulador cede y aprueba una tasa cercana al 7,5%, desbloqueando la inversión a cambio de un previsible aumento en la factura de la luz.

El segundo es un escenario de ruptura: la CNMC se mantiene firme, protegiendo los peajes pero arriesgándose a una fuga de capital que paralizaría la modernización de la red. El tercero, y más probable, es una solución pactada: una tasa intermedia que, sin satisfacer plenamente a nadie, garantice las inversiones mínimas para evitar el colapso y permita a cada parte salvar la cara en esta compleja partida estratégica.

El Gobierno defiende su plan de inversión de más de 13.000 millones hasta 2030 para modernizar la red y garantizar la transición energética. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica