Iberdrola, Endesa y Naturgy se unen para prorrogar la vida de la central de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy han alcanzado un acuerdo definitivo para solicitar formalmente al Gobierno la prórroga de la central nuclear de Almaraz antes de que finalice el mes de octubre. La decisión, acordada en la última reunión de la junta de administradores, busca extender la vida útil de los reactores al menos hasta 2030 para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y evitar posibles apagones.

Las tres compañías propietarias de la planta cacereña han unificado su postura y presentarán de forma conjunta una propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica. Este movimiento llega justo antes de la fecha límite del 1 de noviembre, día en el que, si no hay cambios, deberán presentar la documentación para el cese de explotación del reactor I, previsto para noviembre de 2027.

El argumento central de las eléctricas es la importancia de mantener la generación síncrona que aporta Almaraz, esencial para la inercia y el control de tensión de la red, en un contexto dominado por las energías renovables. Sostienen que aplazar el cierre es clave para garantizar un suministro seguro, además de contribuir a contener los precios de la electricidad, reducir emisiones de CO2 y reforzar la independencia energética de España.

CAMBIO DE ESCENARIO. El consenso entre los socios ha sido posible gracias a dos factores determinantes. El primero, el compromiso de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de reducir de forma progresiva el impuesto autonómico a la central en un 50% durante los próximos tres años. Este gesto ha suavizado las tensiones fiscales con el Gobierno central, ya que las eléctricas no consideran ahora imprescindible una rebaja de la llamada ‘tasa Enresa’.

El segundo factor ha sido la posición definitiva de Naturgy, que a pesar de contar con solo un 11% de participación, era clave para lograr la unanimidad. Su presidente, Francisco Reynés, reconoció recientemente que es necesario “volver a hacer los números” del calendario de cierre, asegurando que “no es irreversible” y que lo lógico es revisarlo a la luz de la situación actual del sistema energético.

EN MANOS DEL GOBIERNO. Con esta solicitud formal y unificada, las eléctricas trasladan la decisión al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que había fijado tres “líneas rojas” para negociar: que la prórroga no comprometa la seguridad, no implique sobrecostes para los consumidores y no suponga riesgos adicionales. Al renunciar las compañías a exigir compensaciones económicas directas, el Gobierno tiene ahora margen para reconsiderar su postura sin contradecir su discurso.

El Ministerio para la Transición Ecológica, que hasta ahora había calificado la cuestión nuclear como “no prioritaria”, deberá pronunciarse en los próximos días. La decisión llega en un momento delicado, con la creciente preocupación por los fallos de tensión en el sistema eléctrico y el papel que las centrales nucleares desempeñan para garantizar la seguridad del suministro. En este contexto, Almaraz se considera una pieza fundamental para reforzar la red y evitar apagones, una prioridad que comparten tanto el sector como las autoridades regionales.

Mientras tanto, los plazos administrativos continúan. Iberdrola ha confirmado que, en paralelo a la solicitud de prórroga, cumplirá con la instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y presentará los documentos para el cese de explotación si el Gobierno no adopta una decisión antes de que finalice octubre. El sector, no obstante, considera que este trámite sería reversible si finalmente se aprueba la continuidad operativa de la central.