España se juega 53.000 millones en redes eléctricas: inversión en pausa y freno regulatorio
- La CNMC fija una rentabilidad del 6,46% que el sector considera insuficiente frente a países como Italia o Reino Unido
- El frenazo inversor amenaza con retrasar la transición energética, encarecer la factura y frenar el empleo en España
España afronta una encrucijada en la transición energética: necesita movilizar más de 53.000 millones de euros para reforzar sus redes eléctricas hasta 2030, pero las condiciones regulatorias actuales amenazan con dejar en suspenso una parte de esas inversiones. En paralelo, otros países europeos han adoptado medidas más atractivas para los fondos internacionales, lo que aumenta el riesgo de que el capital fluya hacia mercados vecinos.
El desafío no es menor. Sin una red capaz de absorber la avalancha de proyectos renovables previstos y de responder al aumento de la demanda por la electrificación de la industria y el transporte, España podría ver cómo su transición energética pierde impulso. “Las redes son la columna vertebral del sistema eléctrico. Sin inversión, no habrá integración masiva de renovables ni seguridad de suministro”, advierten fuentes del sector.
UN MARCO POCO ATRACTIVO. El origen del problema está en la retribución fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La tasa de retorno establecida, del 6,46%, es considerada insuficiente por las empresas, que la comparan con niveles más altos en países como Italia o Reino Unido. Esa diferencia de rentabilidad, unida a la incertidumbre sobre la estabilidad regulatoria, genera dudas entre los inversores que evalúan proyectos a largo plazo.
La situación se agrava por otros factores: en muchas infraestructuras, los ingresos no llegan hasta que se conectan nuevos consumidores, lo que hace que las compañías asuman un riesgo financiero prolongado; además, buena parte de la red ya está saturada, lo que limita la entrada de nuevas plantas renovables o la instalación de industrias electrointensivas. A esto se suman los límites legales a la inversión, que impiden a las distribuidoras aumentar el ritmo del despliegue.
EUROPA ACELERA. Mientras tanto, Bruselas ha urgido a los Estados miembros a no descuidar las redes eléctricas, consideradas el eslabón olvidado de la transición. Alemania, por ejemplo, ha impulsado inversiones anticipadas para que la capacidad de la red esté lista antes de que llegue la demanda. Italia y Reino Unido han optado por marcos regulatorios que ofrecen retornos más elevados y visibilidad a largo plazo, condiciones que están atrayendo grandes flujos de capital.
La Comisión Europea, además, ha publicado orientaciones para que las inversiones en redes tengan procesos de autorización más ágiles, ingresos previsibles y modelos de remuneración que premien la eficiencia. España, sin embargo, todavía no ha adaptado su normativa a estas recomendaciones.
IMPACTO DIRECTO. Las consecuencias de este frenazo no se limitan a las empresas. Una red insuficiente repercute en la factura de los hogares, porque los cuellos de botella encarecen el coste de la electricidad. También amenaza con retrasar la conexión de nuevos parques solares y eólicos ya proyectados y con frenar la electrificación de la economía, lo que comprometería tanto la competitividad industrial como los objetivos climáticos.
Además, se pierde la oportunidad de generar miles de empleos ligados a la construcción y modernización de infraestructuras, un efecto que sí están captando otros países europeos gracias a un marco más favorable.
DEBATE PENDIENTE. Las compañías eléctricas y sus asociaciones llevan meses reclamando una revisión del sistema retributivo y una flexibilización de los límites legales a la inversión. Plantean la necesidad de adoptar modelos más modernos, que tengan en cuenta no solo la inversión en activos físicos, sino también la eficiencia global de la operación y el mantenimiento.
El Gobierno, que ha ya presentado su plan de invertir 13.590 millones de euros en la red eléctrica, insiste en que la red se modernizará dentro de los plazos. No obstante, la falta de señales claras mantiene en vilo a los inversores, que valoran alternativas en otros países europeos.
El desenlace dependerá de si España es capaz de ajustar sus reglas a tiempo para no perder el tren de la transición eléctrica. Lo que está en juego no son solo los 53.000 millones en inversión, sino también la capacidad del país para liderar, o quedar rezagado, en el nuevo mapa energético europeo.
Fuente: Elaboración propia con IA
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