
El Gobierno estudia trasladar a la factura de todos el sobrecoste de 800 millones del apagón
- La industria presiona para que esos costes se trasladen a los peajes eléctricos, repartidos entre todos los consumidores
- La CNMC deberá decidir sobre el cambio en la factura, aunque el Ministerio de Transición Ecológica ya se ha mostrado abierto al debate
El Gobierno está estudiando la propuesta de la industria para redistribuir entre todos los consumidores el sobrecoste energético derivado del apagón del pasado 28 de abril. Esta medida, que busca aliviar la presión sobre las fábricas electrointensivas, podría suponer un encarecimiento de hasta 90 euros anuales para un hogar medio.
Lo que comenzó como una operación de seguridad temporal de Red Eléctrica para evitar nuevos incidentes se ha mantenido durante cinco meses, disparando los costes del sistema. Ante la presión del sector industrial, el Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado su preocupación y se ha abierto a debatir un cambio para afrontar el sobrecoste del apagón en la factura de la luz.
¿POR QUÉ HA AUMENTADO EL COSTE? Tras el gran apagón, Red Eléctrica implementó un “escudo antiapagones”, un modo de operación más conservador y, por tanto, más caro. Este protocolo ha incrementado de forma extraordinaria el uso de los llamados “servicios de ajuste”, que son los mecanismos que equilibran en tiempo real la producción y el consumo de energía. Desde abril, esta partida ha sumado un sobrecoste de casi 800 millones de euros en comparación con el mismo periodo de 2024.
Para garantizar la estabilidad, el operador ha reducido la aportación de energías renovables para priorizar los ciclos combinados de gas y ha activado mecanismos fuera del mercado diario, que se pagan a precios superiores.
PRESIÓN DE LA INDUSTRIA. En España, los servicios de ajuste se pagan en función del consumo, lo que perjudica a la industria electrointensiva. La propuesta del sector, que el ministerio no ve con malos ojos, es cargar este sobrecoste a los peajes eléctricos, una parte fija de la factura. En la práctica, esto significa redistribuir el coste entre todos los consumidores, incluyendo los hogares.
Manuel García Hernández, director General de Política Energética y Minas, admitió que hay un “debate interesante sobre incorporar esos costes a los peajes”, lo que supondría “un cierto alivio para la industria”. Sin embargo, para un consumidor doméstico medio, el impacto sería notable. Según cálculos, el sobrecoste podría alcanzar los 90 euros anuales, anulando el efecto beneficioso de los precios bajos de las renovables.
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL. La patronal de las empresas electrointensivas, Aege, calcula que el coste de las restricciones técnicas aplicadas por Red Eléctrica aumentó en 810 millones entre enero y agosto. “Supone un aumento en nuestras facturas que nos resta competitividad. Esto supone un problema, porque es un sobrecoste que solo aparece en el sistema español”, aseveran desde la asociación.
La tensión en el sector es máxima, a la espera de que el próximo viernes, 10 de octubre, se publique el informe europeo sobre el apagón. En un reciente congreso del sector, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, lanzó un mensaje contundente: un apagón como el de abril “no debe volver a ocurrir”. Mientras, la decisión final sobre la modificación de los peajes recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque el Gobierno tiene margen para influir en la decisión final.
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