El Gobierno descarta un nuevo apagón y actualiza la Estrategia de Seguridad Energética

El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía, negando que exista un riesgo inminente de que se repita el apagón peninsular del pasado 28 de abril. Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, aseguró ante la comisión del Senado que investiga el incidente que “no hay evidencia ni elemento” que haga presagiar un nuevo cero eléctrico. Además, rechazó rotundamente que desde su departamento se diera consigna alguna para priorizar las renovables, calificándolo de algo “jurídicamente imposible” y sin sentido práctico.

En paralelo a estas declaraciones, el Gobierno está inmerso en la actualización de la Estrategia de Seguridad Energética. El plan vigente, que data de 2015, se ha quedado obsoleto, y el Ejecutivo ya prepara un primer borrador para presentarlo a expertos y comunidades autónomas. Esta renovación se produce en un momento de máxima tensión en el sistema eléctrico español, impulsada por el histórico apagón que dejó sin luz a España y Portugal. El propio documento de 2015 ya advertía sobre la importancia de la energía para la soberanía del Estado y señalaba entre los riesgos la “actualización insuficiente e inversiones inadecuadas en infraestructuras energéticas”.

La necesidad de esta actualización era apremiante, ya que la estrategia energética dependía de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, que ha sido renovada en 2017 y 2021. Pese a que el Consejo de Seguridad Nacional calificó de “vital importancia” aprobar una nueva estrategia en 2020, la pandemia y la posterior invasión de Ucrania desviaron las prioridades. Ahora, tras el que ha sido considerado el peor incidente eléctrico en Europa en 20 años, Moncloa ha decidido actuar.

ALERTA EN LA RED ELÉCTRICA. La revisión de la estrategia se produce en un contexto de gran incertidumbre. Tras el apagón, Red Eléctrica implementó un modo de operación reforzado que, si bien ofrece mayor seguridad, ha supuesto un coste significativo. De hecho, se estima que los españoles pagan 2 millones de euros extra al día para mantener esta seguridad reforzada.

Sin embargo, la calma no es total. En las últimas semanas han saltado todas las alertas después de que Red Eléctrica solicitara de urgencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la modificación de varios procedimientos operativos ante un “riesgo inminente” para el suministro.

La combinación de baja demanda y alta generación renovable ha vuelto a poner de manifiesto las vulnerabilidades del sistema. Ante esta petición, la CNMC ha puesto en marcha una serie de medidas antiapagones, aunque ha rechazado algunas exigencias a las eléctricas sobre el control de tensión, principal hipótesis del apagón de abril.

Mientras los diferentes agentes se culpan mutuamente -Red Eléctrica a las compañías y viceversa-, algunas voces apuntan también a la CNMC por no haber actualizado ciertos procedimientos de operación solicitados desde 2021. Por su parte, el director general de Política Energética y Minas ha reiterado que su departamento no tuvo “constancia ni conocimiento ni alerta” de que pudiera producirse un riesgo de interrupción del suministro antes del incidente.