Claves de la Ley de Movilidad Sostenible: así impulsan el coche eléctrico y cambian las etiquetas de la DGT

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que redefine el futuro del transporte en España y centra sus esfuerzos en dos ejes principales: el impulso al vehículo eléctrico y la reforma del actual sistema de etiquetas medioambientales. Su aprobación es clave para desbloquear 10.000 millones de euros en fondos europeos y busca atacar de raíz el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el transporte en el país.

Las dos medidas estrella de la ley tendrán un impacto directo en conductores y empresas. Por un lado, se obligará a las grandes compañías a facilitar la transición al coche eléctrico. Por otro, se reformará el sistema de etiquetas ambientales que, según las organizaciones ecologistas, se había convertido en un “coladero” para vehículos contaminantes.

PUNTOS DE RECARGA OBLIGATORIOS. Para superar una de las principales barreras del vehículo eléctrico -la falta de cargadores y la ansiedad por la autonomía-, la nueva ley introduce una medida clave: las empresas con más de 200 empleados por centro (o 100 por turno) deberán elaborar planes de movilidad que incluyan soluciones para facilitar el uso de coches eléctricos. En la práctica, esto significa instalar puntos de recarga en sus instalaciones.

El Gobierno complementará esta medida con la creación de mapas actualizados y señalización específica en toda la red de carreteras del Estado, indicando la ubicación y distancia de las estaciones de recarga más cercanas. Un despliegue ambicioso, especialmente si se tiene en cuenta el estado actual de la red pública de cargadores, que todavía presenta importantes carencias.

ETIQUETAS DE LA DGT. El segundo gran cambio que introduce la ley afecta al sistema de etiquetas medioambientales de la DGT. Este modelo ha sido muy criticado por permitir que vehículos grandes y pesados, como algunos SUV híbridos enchufables, obtengan la etiqueta CERO a pesar de sus emisiones reales en condiciones normales de conducción.

Para corregir estas “deficiencias detectadas”, la norma obliga a presentar, en el plazo máximo de un año, un estudio para actualizar los distintivos. La principal novedad será la incorporación de las emisiones de CO2 como criterio adicional. El objetivo es reflejar con mayor precisión el impacto real de cada vehículo. Según la DGT, la medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que los coches que ya cuenten con etiqueta no perderán su clasificación actual.

Estas dos medidas son piezas esenciales dentro del objetivo global de la ley: alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Impulsar una red de recarga sólida y un sistema de etiquetas más exigente será decisivo para acelerar la renovación del parque automovilístico.

Con esta ley, que ahora debe pasar por el Senado para su tramitación final, España da un paso firme hacia una movilidad más limpia y eficiente, alineando su estrategia con los objetivos del Pacto Verde Europeo y sentando las bases para un futuro del transporte verdaderamente sostenible.