Así invertirá España 13.590 millones de euros hasta 2030 para reforzar la red eléctrica
- Refuerzo extraordinario: 1.540 millones extra en distribución y 720 millones en transporte
- Penalizaciones por incumplimiento: límites más duros para quien ejecute menos del 75%
- Transparencia obligatoria: las eléctricas deberán publicar planes, capacidad y retrasos
El Gobierno ha aprobado una de las mayores inversiones en infraestructuras eléctricas de las últimas décadas: 13.590 millones de euros hasta 2030, lo que supone un incremento del 65% respecto a la planificación anterior. El plan, presentado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, busca responder a la creciente demanda, mejorar la seguridad del suministro y acelerar la conexión de energías renovables.
La red eléctrica española se enfrenta desde hace años a un problema de saturación. Miles de megavatios de proyectos fotovoltaicos, eólicos e industriales esperan conexión en un sistema que ha ido quedando rezagado respecto al ritmo de la transición energética. El resultado ha sido un atasco que amenaza la competitividad del país y ralentiza la descarbonización.
La nueva planificación contempla la integración de hasta 27,7 GW de nueva demanda en la red de transporte de aquí a 2030, una cifra que multiplica por catorce los niveles actuales. Entre las nuevas cargas destacan centros de datos, fábricas vinculadas al hidrógeno verde y plataformas de movilidad eléctrica que necesitan acceso a la red.
AUMENTO DE LÍMITES. El Ejecutivo ha sacado a audiencia pública un Real Decreto de límites de inversión que establece las cantidades máximas que podrán destinarse a transporte y distribución eléctrica con cargo al sistema, es decir, repercutidas en los peajes que pagan los consumidores. El texto fija que las inversiones en distribución podrán alcanzar hasta el 0,13% del PIB nominal cada año, mientras que las de transporte se limitarán al 0,065% del PIB. Estos porcentajes podrán revisarse al alza o a la baja en caso de desviaciones significativas de la demanda o de la economía.
La novedad principal es que, a partir de ahora, los planes de inversión deberán someterse a un ejercicio de transparencia sin precedentes. Las compañías transportistas y distribuidoras estarán obligadas a publicar tanto los planes aprobados como informes detallados de ejecución, en los que conste la capacidad concedida y denegada, el nivel de utilización de las redes y los motivos de posibles retrasos. Todo ello estará disponible en sus páginas web, abierto al escrutinio público.
UN REFUERZO EXTRAORDINARIO. Más allá de los límites anuales, el Gobierno ha introducido un refuerzo extraordinario que busca anticiparse a la avalancha de nueva demanda prevista. Entre 2026 y 2030, las empresas distribuidoras dispondrán de 1.540 millones de euros adicionales al año, que deberán destinarse a la digitalización de la red, el despliegue de sistemas de telecontrol, la atención de grandes consumos industriales y residenciales, la electrificación del transporte y la adaptación de líneas a la normativa de protección de avifauna.
En paralelo, las inversiones en transporte se verán reforzadas con 720 millones de euros anuales en el mismo periodo. Estas partidas estarán orientadas a garantizar la seguridad de suministro, ejecutar proyectos estratégicos de alcance estatal y asegurar la evacuación de la nueva generación renovable que ya tiene permisos de acceso, pero carece de infraestructuras suficientes.
PENALIZACIONES. El nuevo marco no solo incrementa los recursos, sino que también refuerza el control sobre su utilización. Las empresas que ejecuten de manera sistemática menos del 75% de lo aprobado verán reducido su límite de inversión en los años siguientes. Del mismo modo, aquellas que superen lo autorizado también sufrirán recortes proporcionales al exceso cometido, con penalizaciones que pueden alcanzar hasta una reducción del 50% en los casos más graves.
Con este sistema, el Ejecutivo pretende garantizar que cada euro invertido tenga un retorno real en la mejora de la red y que los consumidores no soporten costes derivados de inversiones ineficientes o mal ejecutadas.
IMPACTO ECONÓMICO. El plan tendrá un efecto directo en la economía española. La construcción, renovación y digitalización de infraestructuras eléctricas generará empleo en sectores de ingeniería, obra civil y servicios energéticos. A largo plazo, la modernización de las redes permitirá integrar más energía renovable a menor coste, reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la competitividad industrial gracias a un suministro más fiable.
El refuerzo de las infraestructuras también tiene una dimensión territorial. En las islas y sistemas no peninsulares, donde las redes son más frágiles y aisladas, las nuevas inversiones contribuirán a elevar la calidad del servicio y a acercar los niveles de seguridad al estándar peninsular.
La actualización coincide con la puesta en marcha de 39 iniciativas ejemplares del Plan de Recuperación, seleccionadas por su capacidad para transformar sectores clave de la transición ecológica. Estas iniciativas, que incluyen proyectos de almacenamiento energético, hidrógeno verde y recarga de transporte pesado, necesitan de una red robusta para materializarse. El Gobierno considera que la planificación eléctrica es la pieza que permitirá conectar esas inversiones privadas con la política energética nacional.
Fuente: Elaboración propia con IA
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