Expertos contra la “estafa” de la baliza V16: un negocio de 1.500 millones de euros y una obligatoriedad cuestionada

Un creciente movimiento de expertos, comunicadores y juristas ha puesto en el punto de mira la inminente obligatoriedad de la baliza V16 conectada de la DGT, que deberá sustituir a los triángulos de emergencia en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026.

Los críticos más vehementes no dudan en calificar la medida de “impuesto revolucionario” y una “estafa”, señalando que detrás de la justificación de la seguridad vial se esconde un negocio de más de 1.500 millones de euros y una medida sobre la que todavía existen muchas dudas acerca de su funcionamiento y aplicación.

Voces influyentes alzan la voz contra la DGT

La polémica ha escalado gracias a figuras de gran peso en el mundo del motor y el ámbito legal que utilizan sus plataformas para denunciar lo que consideran un despropósito. Desde el popular canal de YouTube carwow.es, su imagen ha sido tajante, refiriéndose a la baliza como un “anacronismo” tecnológico y acusando al Estado de ocultar información a los ciudadanos.

En su análisis, destaca que España será el único país del mundo en exigir esta tecnología, cuando soluciones como el sistema eCall (llamada de emergencia automática) ya vienen de serie en los coches nuevos. Además, subraya la “discriminación brutal” que supondrá la norma, prohibiendo los triángulos a los españoles mientras se permite su uso a los conductores extranjeros que circulen por nuestro país.

Esta perspectiva es compartida desde el ámbito legal. El conocido abogado Xavi Abat, a través de su cuenta de TikTok #elabogadodetiktok, pone el foco en la magnitud del negocio, que calcula en más de 1.500 millones de euros, y en la sanción de 200€ por no llevar el dispositivo. Abat cuestiona abiertamente si la medida persigue la seguridad o “el control y la trazabilidad”, y siembra la duda sobre los fundadores de la empresa pionera, dos exmiembros de la Guardia Civil, preguntándose si es “coincidencia… o estrategia”.

Un mercado millonario para las operadoras

Detrás de esta cifra astronómica se encuentra un ecosistema empresarial donde las operadoras de telecomunicaciones juegan un papel fundamental. Cada baliza V16 necesita una eSIM para funcionar, lo que ha abierto un nuevo y lucrativo mercado. Compañías como Movistar y Vodafone compiten ferozmente por este pastel. De hecho, ya se aprecian movimientos estratégicos, como la decisión de Help Flash IoT de migrar de Vodafone a Movistar, en una clara batalla por el dominio del mercado. Un mercado en el que, según los últimos datos, Movistar parece haber tomado la delantera en ventas, consolidando su posición en el sector del Internet de las Cosas (IoT).

La ciudadanía se organiza para paralizar la medida

El descontento no se ha quedado solo en las redes, sino que ha cristalizado en un movimiento ciudadano que busca frenar la implantación de la baliza. La propuesta consiste en una acción colectiva mediante la presentación masiva de tres reclamaciones formales ante distintas administraciones:

• Al Ministerio de Hacienda: para que se revise la homologación y se elimine la conectividad como requisito obligatorio, permitiendo así el uso de balizas más sencillas y económicas.
• A la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): para que investigue las implicaciones de la geolocalización constante de vehículos y exija transparencia al Ministerio del Interior sobre el tratamiento de dichos datos.
• A la Dirección General de Tráfico (DGT): para solicitar la paralización total del despliegue obligatorio de la baliza V16 “hasta que haya ley y garantías” claras para los ciudadanos.

A la polémica económica y legal se suman las dudas sobre su eficacia real. Colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han advertido de la posible baja visibilidad de la luz en condiciones adversas como niebla o en días muy soleados, lo que podría generar una falsa sensación de seguridad y no evitar los accidentes que se pretenden prevenir.