
Revertir el cierre de nucleares más allá de Almaraz, una decisión con limitaciones
- Un informe interno admite que las nucleares no pueden gestionar la tensión
- El PP promete revertir el calendario nuclear si llega al poder
El futuro de la energía nuclear en España atraviesa un momento decisivo. Mientras las grandes eléctricas y parte de la oposición política presionan para extender la vida útil de la central de Almaraz más allá de 2027, alegando la necesidad de reforzar la seguridad del sistema eléctrico, una comunicación interna al Gobierno revela que estas plantas presentan limitaciones técnicas que las incapacitan para evitar precisamente los apagones que se esgrimen como argumento para su continuidad.
La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas, culminando con la decisión de las propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para seguir operando. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido “reconsiderar el calendario de cierre” en el actual contexto de alta penetración renovable, señalando que la planta ocupa una “posición clave para la seguridad de suministro”.
El doble discurso del sector eléctrico
El principal argumento de las eléctricas para mantener activas las centrales nucleares es su capacidad de ofrecer un respaldo constante a la red. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha defendido que son “seguras y necesarias” para “evitar apagones”, insistiendo en que su continuidad depende únicamente del Gobierno, ya que “no existen impedimentos técnicos para una prórroga”. Esta petición conjunta de las eléctricas ha colocado al Ejecutivo en una posición delicada, que ha optado por darse hasta marzo para tomar una decisión definitiva.
Sin embargo, internamente las compañías reconocen una limitación clave. En una carta enviada al Gobierno por Aelec —la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP— admiten que las centrales nucleares no pueden recibir consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad. Esta capacidad, precisamente, es una de las nuevas exigencias impulsadas por Red Eléctrica (REE) para reforzar la estabilidad de la red y prevenir incidentes como el apagón del pasado 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a buena parte de la península durante varias horas.
Las eléctricas advierten de que obligar a las centrales a asumir este tipo de control “podría dañar los equipos e incluso resultar contraproducente”. En su lugar, proponen que los ciclos combinados de gas y las plantas renovables asuman progresivamente esa función. Esta admisión genera una paradoja evidente: se pide prolongar la vida de las nucleares para garantizar el suministro, pero se reconoce que no son eficaces para gestionar las tensiones que provocan los apagones.
Un debate político cada vez más intenso
El asunto ha entrado de lleno en la arena política. El Partido Popular (PP) ha anunciado que, si llega al Gobierno, revertirá el actual calendario de cierre nuclear. Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, afirmó que el plan “debería eliminarse” y que la decisión sobre el futuro de cada central debería recaer en las propias empresas propietarias.
El PP plantea derogar las órdenes de cese de actividad y modificar la normativa para facilitar la renovación de licencias, defendiendo la energía nuclear como “un activo esencial del sistema” que proporciona electricidad “constante, barata y libre de CO2”. Esta posición contrasta con la del actual Ejecutivo, que mantiene su compromiso de cerrar progresivamente todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035 dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Mientras tanto, las fechas siguen avanzando. A la vez que las compañías formalizan su solicitud de prórroga a finales de octubre, deben cumplir con la obligación de presentar ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para el cierre de Almaraz antes del 1 de noviembre, tal y como establece la normativa vigente. El futuro energético de España se decidirá, así, en el cruce de intereses técnicos, económicos y políticos que marcan un debate de fondo sobre el papel de la energía nuclear en la transición verde.
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